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Medio Ambiente

Ser líder ambiental en América Latina, ¿una labor mortífera?

Por Habemus

Publicado el 18 de Marzo de 2020.

La lucha por proteger la tierra y el medio ambiente se ha vuelto cada vez más peligrosa en América Latina. En 2018, según Global Witness, al menos 83 personas fueron asesinadas. Hoy, un líder ambiental en Latinoamérica, se enfrenta a la seguridad privada de las empresas, a las fuerzas estatales, a los asesinos a sueldo o, en confrontaciones menos violentas, a equipos de agresivos abogados. A continuación, una breve reflexión al respecto.

En la última década, en el mundo, el asesinato de líderes ambientales se ha multiplicado. Hoy, los países más peligrosos para ser defensor del medio ambiente están en América Latina. De hecho, según Global Witness, en la región las naciones con las cifras más alarmantes al respecto fueron Colombia, Brasil, Guatemala, México y Honduras. Pero, ¿cuáles son las razones?

A mediados de 2018, en Chihuahua (México), Julián Carrillo Martínez sabía que estaba en peligro. Pero, ¿cuál era la razón de su sospecha? Ya, para aquel momento, en solo dos años, cinco integrantes de su familia habían sido asesinados por oponerse a la minería y a la tala de bosques en los territorios de su comunidad, cercanos a la Sierra Tarahumara —una formación montañosa ubicada en el noroeste de México—.

Tras las amenazas, según comentó López Torres —en su artículo “A un año del asesinato de Julián Carrillo, rarámuri que defendió su tierra”, publicado en octubre de 2019 en el diario mexicano Debate—, el líder ambiental denunció las intimidaciones, sin embargo, al igual que en otros casos, la respuesta del Gobierno fue tibia.

Poco después de las denuncias, las autoridades mexicanas hallaron su cuerpo acribillado en Coloradas de la Virgen —un lugar ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua—. En aquel entonces, la muerte violenta de Carrillo levantó una marea de indignación en México.

A mediados de 2018, en Chihuahua (México), Julián Carrillo Martínez sabía que estaba en peligro. Pero, ¿cuál era la razón de su sospecha? Ya, para aquel momento, en solo dos años, cinco integrantes de su familia habían sido asesinados por oponerse a la minería y a la tala de bosques en los territorios de su comunidad

Pero, ¿por qué el activismo ambiental en América Latina se volvió una labor mortífera?

Antes de responder ese interrogante, es fundamental anotar ciertas precisiones en torno a América Latina, una región que, a la par de su gran riqueza de recursos naturales, también es conocida por su mayúscula corrupción y su violencia generalizada.

Además, a lo anterior hay que añadir un par de cuestiones. La primera de ellas es que las exportaciones de las economías de América Latina están edificadas, en su mayoría, sobre las industrias extractivas, y la segunda es la facilidad con la que grandes empresas consiguen licencias para realizar megaproyectos —mineros, agroindustriales o energéticos— que pueden afectar ecosistemas estratégicos.

Con frecuencia, los megaproyectos causan un daño inmenso a los ecosistemas y, en otras ocasiones, las actividades industriales —que tienen poco control por parte de las autoridades— afectan los recursos naturales y vulneran los derechos de las comunidades.

En medio de estas pugnas por la ganancia de divisas extranjeras, los líderes ambientales se transforman en los archienemigos de las grandes industrias —e, incluso, de los Estados—, ya que, en ocasiones, ellas solo piensan en un beneficio económico en el corto plazo.

Es así como, en muchos casos, los activistas ambientales se convierten en blanco de infaustas amenazas.


También, lea el artículo: «Los Parques Nacionales Naturales, ¿quién podrá ayudarlos?».


Por ejemplo, en 2018, una de las historias citada por Global Witness —en su informe “¿Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, publicado en julio de 2019— fue la de Enrique Fernández Dagua, un líder indígena que, por fortuna, ha sobrevivido a un sinnúmero de amenazas, entre ellas una bomba que colocaron en las afueras de su casa, en la vereda el Alto del Palo —en Caloto, Cauca—.

Sin duda, el caso de Colombia es uno de los más críticos de América Latina. En el informe, Global Witness señaló que, después de Filipinas, Colombia es la nación con el mayor número de asesinatos de líderes ambientales en el mundo.

Por ejemplo, según Global Witness, en 2018 en Colombia hubo 24 asesinatos de líderes ambientales. Y, en su artículo “Deforestación y asesinato de líderes, deudas ambientales del país en 2019” —publicado en diciembre de 2019 en Semana Sostenible—, Antonio José Paz Cardona reseñó que en 2019, de los 140 indígenas asesinados, 40 tenían liderazgos reconocidos en sus comunidades.

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En 2018, Global Witness documentó 164 asesinatos de líderes ambientales en el mundo. De esta cifra, el 50.60% fueron en América Latina. En aquel año, Colombia fue la segunda nación con más crímenes contra los líderes ambientales después de Filipinas.

Además, la trágica cifra coincide con el hecho de que Colombia es una nación con una mayúscula riqueza mineral y forestal y uno de los países más biodiversos del mundo. Lo anterior, es un conjunto de virtudes que hace de Colombia un lugar atractivo para las economías extractivas que, en la mayoría de los casos, poco —o, nada— les interesa el bienestar de las comunidades locales o la destrucción de los ecosistemas estratégicos.

Desde hace varias décadas, la política económica de algunas naciones de América Latina ha sido orientada hacia las actividades extractivas, en parte porque ello supone una vía rápida para la obtención de divisa extranjera, en un afán de presentar indicadores económicos favorables. Sin embargo, en este caso, el crecimiento económico no se traduce en un bienestar social para los lugareños.

Por ejemplo, ya, en un puñado de casos, para desgracia de las comunidades locales y el medio ambiente, se han cumplido los vaticinios de los líderes ambientales, en casos como: la ruptura de la presa Brumadinho en 2019 —en Minas Gerais, Brasil—, el reciente hallazgo de metales pesados en 14 ríos de la Amazonia —en Ecuador— y la desviación del río Ranchería por parte de la minera El Cerrejón que, en La Guajira, ha dejado una estela de muertos en la comunidad indígena Wayúu.

Pero, la historia no termina aquí. En Colombia, hace poco, un último episodio se sumó a este trágico drama: la amenaza de las disidencias de las FARC-EP contra funcionarios de Parques Nacionales Naturales, para que salieran de las áreas protegidas de la Amazonia, como lo son Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y La Paya.

En su mandato, el presidente Iván Duque Márquez anunció el fortalecimiento de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), para proteger la vida de los líderes sociales. Sin embargo, los hechos de violencia recientes motivan una pregunta: ¿Esas comisiones y políticas públicas son suficientes para la protección de la vida de los activistas ambientales y los defensores de los derechos humanos?