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Cultura

“Callar y Fingir”, una inmersión en la censura en Colombia

Por Habemus

Publicado el 27 de Febrero de 2020.

Para ahondar en la espinosa cuestión de la censura en Colombia durante 2019, la Redacción Habemus conversó con Jonathan Bock Ruiz, Director Encargado de la FLIP y partícipe del informe “Callar y fingir: la censura de siempre – Libertad de prensa en Colombia 2019”.

Una tarde, en una pausa de su labor, mientras bebía un refresco en La Esmeralda (un caluroso caserío de no más de tres calles, ubicado a 20 minutos de Arauquita, en Arauca), el cineasta Mauricio Lezama recibió siete balazos propinados por dos sicarios que se transportaban en una motocicleta.

En 2019, el trágico asesinato de Lezama fue uno de los más divulgados por los medios de comunicación. No obstante, es solo una de las cientos de historias que atestiguan la implacable ley del silencio a la que están sometidos miles de comunicadores.

Hoy, en Colombia, la censura a los medios de comunicación alcanza cifras escandalosas. Por ejemplo, entre 2017 a 2019, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 593 periodistas fueron amenazados. Además, la FLIP señaló que, quizá, la cifra de periodistas asesinados hubiese sido más alta, si algunos de ellos no se hubieran sometido a un tortuoso autoexilio.

Por otra parte, los artistas plásticos también enfrentan una situación preocupante: la censura en las calles. Un ejemplo de ello fue el episodio ocurrido en Bogotá en el Centro Colombo Americano. Allí, esta institución educativa borró un mural callejero de Powerpaola y Lucas Ospina, una obra crítica en la que se veía la silueta de Donald Trump jugando a los títeres con Álvaro Uribe Vélez y el presidente Iván Duque Márquez.

Refiriéndose al fenómeno de la censura en Colombia, el periodista Jonathan Bock Ruiz —director encargado de la FLIP— afirma que “el asesinato es, por supuesto, el último y el más radical recurso de la censura, pero no el único”.

En efecto, ya en 2017, en su investigación “Censura suave en la web: el control de los foristas”, el profesor Julián González Mina había advertido sobre las formas de censura suave que operan indirectamente sobre la gestión y circulación de contenidos. En el texto, González se refirió a ellas como, “las más insidiosas, por ser, en apariencia, triviales e imperceptibles”.

Recientemente, la FLIP publicó su informe anual “Callar y fingir: la censura de siempre – Libertad de prensa en Colombia 2019”, donde advierte que la violencia en Colombia es, hoy, la archienemiga de la libertad de prensa. Sin embargo, al leer el informe se percibe otra cuestión sutil pero perniciosa: la censura suave.

Pero, ¿cuáles son los mecanismos no violentos de los que se valen los censores en Colombia? Según la FLIP, algunos de ellos son: los despidos, las tretas judiciales, los silencios de los medios de comunicación a cambio de publicidad gubernamental y las leyes para regular los contenidos de la web.

Para ahondar en la espinosa cuestión de la censura suave en Colombia durante 2019, la Redacción Habemus conversó con Jonathan Bock Ruiz, director encargado de la FLIP y partícipe del informe.


También, lea el artículo: «La otra Colombia, las escalofriantes historias que citó el informe de Human Rights Watch».


Habemus (H):

El año pasado, quizá, uno de los casos de censura más polémicos fue el de Santiago Rivas Camargo presentador del programa televisivo “Los puros criollos”, de RTVC. Sin duda, la salida del aire de la exitosa serie fue, para la opinión pública, un intento para silenciar la crítica a la presidencia de Iván Duque Márquez y al Proyecto de Ley de Modernización TIC. Este hecho nos conduce a una pregunta: según las investigaciones de la FLIP, ¿cúales fueron las formas de ‘censura suave’ más comunes en Colombia durante 2019?

Jonathan Bock Ruiz (JBR):

En la Fundación para la Libertad de Prensa nos referimos más a censura sutil o censura indirecta. Son formas de limitar y restringir el ejercicio de informar libremente a través de presiones que no incurren en la violencia física o en formas de amenazas más fuertes y evidentes. Los mecanismos de censura indirecta que más desarrollamos en el informe anual son los de publicidad oficial o pauta y los de acoso judicial.

Cuando los contenidos de un medio fueron financiados con dineros de publicidad oficial, hay una presión sobre qué se dice y qué no en esos contenidos. Los medios reciben esa presión a través de esos contratos y los pactos explícitos y tácitos que acuerdan a cambio de recibir ese financiamiento.

El acoso judicial, por su parte, no pretende censurar directamente, pero termina generando ese efecto porque desgasta e intimida al periodista. Un buen ejemplo del año pasado fue el caso de Juan Pablo Barrientos que fue denunciado por miembros de la Iglesia católica con el propósito de que su libro no se publicara.

El caso de “Los puros criollos” no es considerado de censura indirecta, porque la ejecución del mecanismo fue directo y específico y buscaba silenciar de inmediato a un periodista.

H:

Por otra parte, en el capítulo “Pauta o propaganda” del informe, la FLIP se refirió a la falta de transparencia y a la arbitrariedad en la asignación de la pauta publicitaria gubernamental. De hecho, en el texto, ustedes usan la frase “engañar a las audiencias disfrazando propaganda de periodismo”. Entonces, según la FLIP, ¿cuáles deberían ser las estrategias en materia de contratación pública para una distribución del presupuesto publicitario menos politizada?

JBR:

La mayoría de estos contratos se celebran por contratación directa. Eso hace que los criterios de selección sean muy arbitrarios. Una posibilidad sería establecer unos criterios más claros e inamovibles en los que se incentive la competencia y participación de más medios. Eso iría en sintonía con las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que habla de criterios transparentes en materia de contratación. El Estado debería emplear estrategias para la ejecución de esos recursos que abarquen más aspectos de la comunicación, y vayan más allá de la publicidad. Por ejemplo, apoyar la creación de nuevos medios y apoyar el sostenimiento de los que ya existen con esos recursos públicos, pero no a través de contrataciones directas ni a través de la figura de publicidad.

Lo anterior podría ampliar las posibilidades para que más medios, de diversas naturalezas, aspiren a ese tipo de financiamiento. Desde luego, es muy importante que las instituciones mejoren la divulgación de dichos criterios e incentiven la participación de más proponentes. Finalmente, todo esto puede hacer que el mensaje (cuando es verdaderamente importante) que las instituciones o entidades necesiten transmitir a la ciudadanía llegue a las audiencias adecuadas y de manera más eficiente.

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Por otra parte, en el informe «Callar y Fingir: la censura de siempre», la FLIP citó una afirmación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que señaló que, «las mujeres periodistas enfrentan un riesgo adicional en el ejercicio de su oficio, mayor vulnerabilidad frente a otras agresiones y dificultades para el acceso y posicionamiento en su rol periodístico». Imagen: Sebastián Camilo Leal Vargas.

H:

Además, en los medios de comunicación, ¿cuáles son las prácticas que afectan la transparencia de los contenidos?

JBR:

La mayor confusión se genera cuando los medios venden contenido pago bajo y lo publican vestido con la misma identidad de imagen y de diseño que el medio emplea para sus noticias o investigaciones. Es decir, que los contenidos pagos no llevan la debida rotulación, en la que el medio debe dejar claro que esos contenidos no son el resultado de investigaciones o del trabajo editorial propio de sus periodistas, sino que se trata de contenido pago y dirigido.

Sobre todo, en contenidos digitales, los medios venden reportajes y noticias que los hacen pasar como material periodístico cuando es propaganda política, y emplean sus redes sociales para mover estos temas y otros de las administraciones sin aclarar que les han pagado por ello. Justo para estos contenidos, muchos medios pagan por posicionamiento en las redes sociales, cuando el resto de su información periodística se mueve en las redes de manera orgánica.

«La mayor confusión se genera cuando los medios venden contenido pago bajo y lo publican vestido con la misma identidad de imagen y de diseño que el medio emplea para sus noticias o investigaciones.»

Jonathan Bock Ruíz, Coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP.

H:

Desde 2017, en Colombia, los titulares en los medios de comunicación han alertado sobre el aumento de una tendencia preocupante: ‘las recetas’ para silenciar a los reporteros mediante tretas judiciales. Ante este hecho, nos vemos tentados a replicar un interrogante que aparece en el informe: ¿por qué el acoso judicial es tan popular como forma de censura?

JBR:

Lo que lo hace tan llamativo para los acosadores a periodistas es que es una estrategia de intimidación legal. No están amenazando a nadie ni poniendo en juego la vida de nadie. No están cometiendo ningún delito. Por otro lado, son estrategias sencillas de empezar. Una tutela, por ejemplo, es muy fácil de redactar, y una denuncia por injuria y calumnia es muy fácil de presentar. Y pese a lo fácil, las consecuencias son muy graves para los periodistas.

No es necesario que haya una sentencia para ver los efectos del acoso. El objetivo es intimidar legalmente, es afectar la tranquilidad, el tiempo y la economía de los periodistas, y esto se logra solo con que el periodista sea notificado de que hay un proceso penal en su contra, porque inmediatamente debe incurrir en gastos de abogados, de defensa, etcétera.

En la gran mayoría de los casos de acoso judicial, los periodistas prefieren no volverse a referir a los temas que los llevaron a este punto. Y esto no se da porque las sentencias lo ordenen, sino por temor y porque sus atmósferas de trabajo ya se han quebrantado. Los procesos, en la mayoría de los casos, ni siquiera concluyen, pero generan un ambiente desfavorable para el libre ejercicio de ese periodista.

«No es necesario que haya una sentencia para ver los efectos del acoso. El objetivo es intimidar legalmente, es afectar la tranquilidad, el tiempo y la economía de los periodistas, y esto se logra solo con que el periodista sea notificado de que hay un proceso penal en su contra.»

Jonathan Bock Ruíz, Coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP.

H:

Finalmente, en el capítulo “El internet que nadie quiere” del informe, la FLIP advirtió sobre un conjunto de proyectos legislativos que se presentaron entre 2012 y 2019, cuyo fin último era limitar la libertad de expresión en internet. Al respecto, en este momento, ¿cuáles son los proyectos de ley en curso, que suponen una amenaza para la libertad de prensa en Colombia?

JBR:

Entre 2012 y 2019, se han presentado por lo menos 15 proyectos de ley que limitan la expresión en internet, y 13 no satisfacen los requisitos que los estándares constitucionales exigen (según datos del Observatorio Legislativo Regional del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, Argentina). Sin embargo, en 2019 el representante José Eliécer Salazar (Partido de la U) presentó el más desatinado de todos: el Proyecto de Ley 176/19, que quiere regular el uso de las redes sociales. El proyecto es tan radical que en uno de sus artículos busca prohibir la publicación de cualquier tipo de dato, información, archivo, fotografía o video de otras personas sin su consentimiento expreso y por escrito. Esto volvería imposible hacer periodismo en estos espacios. También prohíbe la creación de perfiles “que no representen a una persona real”. Por ejemplo, no estarían permitidas cuentas de mascotas o cuentas parodia.

El PL 176/19 tiene más implicaciones que quedan mejor explicadas e ilustradas en nuestro especial multimedia: https://flip.org.co/index.php/es/capitulo-9, donde podrán ver imágenes que ejemplifican cómo se vería internet si fuese aprobado este proyecto.

También están el PL 60/18 Senado – 408/19 Cámara (para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana) y el PL 74/18 Cámara (contra crímenes cibernéticos, acumulado al PL 60/18). Con el propósito de sancionar la difusión no consentida de contenido sexual (la mal llamada “pornovenganza”), se propusieron disposiciones desproporcionadas para castigar cualquier difusión no consentida de contenido íntimo o sexual. Se dejaban por fuera las publicaciones que hicieran, por ejemplo, las víctimas de delitos sexuales para denunciar públicamente a sus agresores. Luego de algunas modificaciones, el artículo aprobado en segundo debate ya no se refiere a la amplia expresión “contenido íntimo”, sino solo al “sexual”. Además, autoriza el uso del material para la denuncia de violencia ante las autoridades, sin embargo, no dice nada sobre la denuncia pública. Otro problema de la disposición es que no hace otras excepciones para la legítima difusión de contenido que puede considerarse “sexual”.