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Educación

El hacinamiento carcelario: “un círculo vicioso”

Por Habemus

Publicado el 15 de Octubre de 2019.

Cada vez, con más frecuencia, los medios de comunicación colombianos publican textos alarmantes sobre el hacinamiento carcelario. Uno de ellos fue la nota informativa del periodista Jaime Moreno: “Acabar con el hacinamiento carcelario cuesta $12 billones” —publicada en mayo de 2019 en Portafolio.co—. En ese texto, Moreno destacó: “En Colombia el hacinamiento carcelario, que alcanza niveles de 80% en algunas zonas del país y que en promedio es de 52%, es una problemática histórica, permanente y que está lejos de solucionarse”.

Pero, ¿la solución del hacinamiento carcelario en Colombia es la construcción de más centros penitenciarios?

En derecho penal, por regla general, hay dos enfoques preventivos del delito. El primero son los programas de prevención del crimen y la promoción de los derechos humanos, orientados a concientizar a la ciudadanía sobre el carácter ilícito que tienen los delitos tipificados en la ley, y difundir la sana convivencia a través del contenido de los derechos humanos.

Por otra parte, el segundo enfoque es el endurecimiento de las penas. Al respecto, en su artículo científico “Realidad penitenciaria en Colombia: la necesidad de una nueva política criminal” —publicado en 2016 en la Revista Criminalidad—, Lorea Arenas García y Ana Isabel Cerezo Domínguez afirmaron que: “La respuesta de los poderes públicos a la lucha contra la delincuencia es la imposición de penas privativas de libertad extensas, cuyas consecuencias más directas son la sobrecarga de las agencias de control y un aumento de la población penitenciaria”.

Son muchas las hipótesis que se han formulado sobre las causas y las soluciones relacionadas con el hacinamiento carcelario. Para ahondar en ellas, la Redacción de HABEMUS consultó a Luis Andrés Vélez Rodríguez —PhD en Derecho, egresado de la Universidad de Málaga (España)—, quien respondió los siguientes interrogantes.

HABEMUS:

En su opinión, ¿cuál piensa que es la causa que tiene mayor incidencia sobre el fenómeno del hacinamiento carcelario en Colombia?

Luis Andrés Vélez Rodríguez (LAVR):

Primero: aclaro que no es recomendable explicar el hacinamiento carcelario solo como un problema de hacinamiento, sino que hay que verlo como un complejo entramado de vulneraciones a los derechos fundamentales que no se agota en un problema de capacidad de los establecimientos. Nos referimos a problemas en materia de salud, relacionados con la educación en procesos que vendrían a aportar en la resocialización o la reinserción social de los internos.

Pero, si vamos a la causa principal del hacinamiento, no me cabe duda de que es la sobreproducción legislativa. Tenemos demasiadas leyes penales y constantemente se presentan nuevos proyectos que buscan, sin excepción, un mayor aumento de penas. Si revisamos actualmente la legislatura que está en curso, se cuentan más o menos unos 10 proyectos entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República, todos tendientes a un aumento de penas de prisión y a establecer medidas pospenitenciarias como registros e inhabilidades, teniendo en cuenta que hay una regulación de antecedentes en Colombia que indica que estos antecedentes penales son perpetuos, es decir que no se cancelan nunca y además son públicos. Lo cual, dificulta mucho el proceso de resocialización, teniendo como resultado que muchas de estas personas dediquen sus esfuerzos para su propia subsistencia a través de actividades delictivas, lo que significa que es una población que volverá a prisión.

Volviendo al tema de la sobreproducción legislativa, lo que vemos es que son leyes que se tramitan por la vía ordinaria, se hacen relativamente sencillas, no hay mayor oposición política y tenemos un ambiente en el que cualquiera que hable en términos de reducción de penas o de buscar medidas alternativas es tachado de blando, y si está en boca de un político, pues este político va a perder votos. Entonces, el principal problema es la sobreproducción legislativa, la falta de hacer aproximaciones empíricas al entendimiento de estas alternativas.

Para ilustrar esto, abordaré un ejemplo reciente: esta misma semana un representante a la Cámara, del Centro Democrático, presentó un proyecto de ley de Three Strikes como se conoce en Estados Unidos de América. Son leyes en las que, sin importar el tipo de conducta punible, puede ser un delito leve, después de la segunda o tercera comisión del delito va a tener penas mínimas. No sé cómo esté establecida en el proyecto de ley, pero las penas mínimas excederían por mucho la pena que le correspondería al delito. En Estados unidos, para darle el ejemplo, por delitos leves como posesión de marihuana o hurtos mínimos, a la tercera comisión la pena no puede ser inferior a 25 años hasta prisión perpetua.

Esto, que en la década de 1990 se presentó como un éxito en la política criminal norteamericana, que fue sancionada por el entonces presidente Bill Clinton, ha generado el gran problema de masificación carcelaria en Estados Unidos, que es uno de los problemas más grandes que tiene la justicia penal en Norteamérica y que los ha llevado a convertirse en el país con mayor población carcelaria en el mundo sin que esto signifique una reducción de los delitos, que es en últimas el objetivo de la política criminal. De hecho, Clinton en los últimos años, en diferentes foros y congresos, ha manifestado su arrepentimiento y ha reconocido el error de haber impulsado esta política.

No es recomendable explicar el hacinamiento carcelario solo como un problema de hacinamiento, sino que hay que verlo como un complejo entramado de vulneraciones a los derechos fundamentales que no se agota en un problema de capacidad de los establecimientos.

Luis Andrés Vélez Rodríguez.

HABEMUS:

¿Cree que la solución para acabar el hacinamiento carcelario de Colombia es la construcción de más centros penitenciarios?

LAVR:

Sí y no. Lo que pasa es que es una respuesta que no puede responderse en términos binarios. Tenemos que recordar que en el año 1998 tuvimos el reconocimiento de la Corte Constitucional de la primera crisis de hacinamiento carcelario en Colombia, que hizo que la Corte declarara el estado de cosas inconstitucionales en materia penitenciaria y carcelaria. En ese entonces, el problema se entendió como un problema de capacidad de los centros penitenciarios en Colombia que llevó, sobre el final del gobierno Pastrana y sobre todo en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, a que se construyeran más cárceles. Esto significó, en un principio, una reducción del hacinamiento ya que habían más cupos. Pero volvemos al problema de la sobreproducción legislativa al aumentar las leyes y aumentar las penas. Al eliminar los beneficios penales, la población carcelaria siguió creciendo sin parar.

En este momento, si pensamos en la infraestructura carcelaria, seguro hay que hacer una inversión importante en la construcción de nuevas cárceles, pero sobre todo en la adecuación de los centros existentes. Esto, que sería positivo, está condenado al fracaso en la medida en que la población siga aumentando y en la medida en que se sigan creando leyes con absurdos aumentos punitivos. Tenemos ya un proyecto de acto legislativo de prisión perpetua, con lo cual estaremos condenados a que el problema carcelario persista y se agudice si la política legislativa penal no cambia de rumbo.

En este sentido, y respecto al estado de cosas inconstitucionales, es de recordar que en el año 2013 la Corte declaró un nuevo estado de cosas inconstitucionales en materia penitenciaria, y reconoció que no se trataba de un problema de centros penitenciarios sino de una problemática de política criminal. Una política criminal que, al tenor de lo que dice la Corte, ha renunciado a hacer políticas preventivas y políticas de resocialización y que ha terminado casi que creando una máquina de reproducción de internos. Es decir, que aquellos que ingresan van a volver, pero al mismo tiempo, como se crean más figuras delictivas, más personas entrarán al sistema penitenciario y carcelario. Personas que, por demás hay que decirlo, son tradicionalmente marginados.

Hablemos, en general, de la población más pobre del país. Curiosamente, si uno mira los estratos que están en la cárcel, son los mismos que están inmersos en el conflicto armado y son en su mayoría los que prestan el servicio militar, mientras que una mínima parte de los estratos 5 y 6 están en la cárcel o prestan servicio. Entonces, el problema del hacinamiento no puede quedarse limitado a la construcción de cárceles, sino que tiene que atender a la creación de las leyes penales.

Y por último, retomando a la Corte constitucional, hay una sentencia de 2015, que es la T-762 de 2015, que reitera ese estado de cosas inconstitucionales y fija un estándar mínimo de respeto a los derechos humanos, que entre otros actores, en una iniciativa legislativa, deben respetar en el momento de presentar proyectos de ley. Ninguno de los proyectos presentados entre el 2106 al 2019 han atendido a ese estándar, y lo más grave es que la Corte no ha hecho seguimiento serio o ni siquiera ha reclamado. Estamos en un punto muerto en lo que se trata de resolver el hacinamiento carcelario. Por más que se hable de reformar el Inpec, de liquidar la Uspec, de construir más centros, esos son en el mejor de los casos paños de agua tibia.

Curiosamente, si uno mira los estratos que están en la cárcel, son los mismos que están inmersos en el conflicto armado y son en su mayoría los que prestan el servicio militar.

Luis Andrés Vélez Rodríguez.

HABEMUS:

De los siguientes enfoques de prevención de la delincuencia: los programas de prevención del crimen y promoción de los derechos humanos, o el endurecimiento de penas, ¿cuál es el más idóneo para implementar en Colombia?

LAVR:

No hay que ser reduccionista. No creo que una sola cosa sea la mejor alternativa. Debe haber un plan integral de política criminal. Pero, diría varias cosas. La primera es algo que no se ha hablado ni siquiera por la academia de manera seria: es urgente una moratoria penal. Esto es que haya un acuerdo entre los partidos políticos y el Gobierno: que por un periodo determinado, pueden ser 4 años o 2 años, se va a hacer una moratoria penal. Es decir, no producir más leyes penales hasta que sepamos lo que tenemos. Es decir, lo que existe. Hecho este diagnóstico, habría que hacer una reforma profunda, que se debería hacer paralela a la moratoria penal. Estoy hablando de un escenario casi utópico : que muchas de las personas que actualmente se encuentran en prisión deberían salir. Claro, aquí la preocupación es en qué condiciones van a salir teniendo en cuenta que van a salir con antecedentes penales, no van a conseguir trabajo y probablemente a algunos de ellos les va a llevar a continuar realizando actividades delincuenciales, teniendo en cuenta que históricamente las cárceles han sido centros para perfeccionar las técnicas de comisión de delitos. No en vano se les ha llamado las universidades del crimen.

Entonces, una primera estrategia sería la moratoria penal. Una segunda estrategia: regular la cancelación y limitar la publicidad de los antecedentes penales. No podemos seguir en esa vía en que los antecedentes penales son públicos y no se cancelen, pues, es el principal obstáculo para la resocialización y un incentivo para cometer nuevos delitos. En tercer lugar, ahora sí, adecuación de centros penitenciarios y construcción de unos nuevos.

Y, en cuarto lugar, insistir en programas de intervención: tratamiento psicológico para conductas como las de los delitos sexuales, y acompañamiento social no solo para los internos sino también para sus familias. Esto implica una formación del personal penitenciario. Y deberíamos pensar seriamente en introducir la profesión de criminología, ya que no tenemos criminología en las universidades. Tenemos problemas serios de delincuencia, problemas serios de intervención contra la delincuencia, pero no tenemos criminólogos y esto es una carencia del programa nacional de educación que debería ser subsanada.

No podemos seguir en esa vía en que los antecedentes penales son públicos y no se cancelen, pues, es el principal obstáculo para la resocialización y un incentivo para cometer nuevos delitos.

Luis Andrés Vélez Rodríguez.