Cargando
Opinion

El consumo de marihuana, ¿un problema de salud pública o de seguridad?

Por Juan Sebastián Giraldo Gutiérrez

Publicado el 20 de agosto de 2019.

Según la visión de los gobiernos de turno, el consumo de Cannabis sativa ha sido catalogado como un problema de salud pública o de seguridad. Con frecuencia, el ideario de un Gobierno es lo que motiva el enfoque de las políticas públicas en lo referente al consumo de estupefacientes que, según el caso, desembocan en un trato represivo o diferencial con los consumidores.

Pero, ¿cuál ha sido el enfoque del Estado colombiano para la creación de políticas públicas en lo referente al consumo de marihuana?

A continuación, un breve recuento histórico de las políticas públicas que han regulado el tema del consumo personal de las drogas en Colombia, en especial, la marihuana. Para ello, me remontaré a 1986, año en que entró en vigor el Estatuto Nacional de Estupefacientes. El objeto de este conjunto de normas, dispuestas en la Ley 30 de 1986, era regular en materia de sustancias alucinógenas y psicoactivas. Para ello, el Congreso de la República promulgó ciertas sanciones. Una de las más polémicas fue el arresto de 30 días como sanción por el porte de cualquier dosis personal de marihuana. Pero, lo más grave es que, en caso de ser la segunda vez, el arresto podía oscilar entre uno a doce meses.

Años más tarde, en 1994, la Corte Constitucional declaró que la norma mencionada era contraria a la Constitución Política, pues vulneraba los derechos fundamentales de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad del consumidor. Con respecto al libre desarrollo de la personalidad, la Corte argumentó: “El legislador no puede válidamente establecer más limitaciones que aquéllas que estén en armonía con el espíritu de la Constitución. La primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo” (Sentencia No. C-221 de 1994).

Después de analizar el contenido de la norma, que fue declarada inexequible, se puede observar su enfoque represivo, ya que tenía como propósito privar al consumidor de la libertad por un comportamiento que afecta únicamente la esfera individual de su ser, pues que se habla de dosis personal. Además, es importante reconocer que el consumidor es el eslabón más débil de la lucha contra las drogas.

Dicho lo anterior, es pertinente formular una pregunta: ¿La medida de aseguramiento o privación de la libertad del consumidor soluciona su problema de adicción?

En cuanto al interrogante que me ocupa, se debe aclarar que la medida de aseguramiento tiene dos funciones principales. La primera, es la de castigar al responsable de la conducta punible por la vulneración que causó a bienes jurídicos relevantes en contra de una víctima o sujeto pasivo. En este punto se debe hacer un paréntesis, ya que el porte y posterior consumo de una sustancia como la marihuana afecta únicamente la salud del consumidor. Por otra parte, la segunda función de la pena obedece a una resocialización del responsable de la conducta, partiendo de la base de que la conducta castigada es la concurrencia de una persona en una adicción. Pero los centros de reclusión no curan las adicciones.

Posteriormente, después de la Sentencia C-221 de 1994 que versó sobre la despenalización de la dosis personal, comenzó un arduo trabajo por parte de distintos actores para que el enfoque del tratamiento a los consumidores de droga fuera diferencial y no represivo. En efecto, en el Informe Mundial sobre las Drogas 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirmó que: “No reconocer o no comprender que la drogodependencia es un problema de salud refuerza el ciclo de marginación que a menudo afecta a las personas con trastornos relacionados con el consumo de drogas, lo que dificulta su recuperación e integración social”.

Hasta hace algunos años, el Estado colombiano jugó un papel fundamental para que la problemática de los consumidores tuviera un enfoque diferencial. Sin embargo, en 2016, la entrada en vigor del Código Nacional de Policía trajo múltiples limitaciones y retrocesos al porte y consumo de dosis mínimas de droga, con sanciones pecuniarias por conductas como el porte de cualquier dosis de droga en espacio público, el consumo de cualquier sustancia en espacio público y, por último, una ley que permite a las autoridades de policía confiscar cualquier dosis que el consumidor lleve consigo, sin importar que sea para consumo propio.

Finalmente, después de analizar la normatividad más reciente en materia de porte de estupefacientes, es difícil creer que estas medidas obedecen al enfoque diferencial que la Organización de las Naciones Unidas recomienda, por lo que surge el siguiente interrogante: ¿Las sanciones económicas y la confiscación de la dosis a los consumidores, realmente son un vehículo eficaz para reducir el consumo de drogas en Colombia?