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Opinion

El inadecuado tratamiento de datos personales, ¿un terreno fértil para la suplantación de identidad?

Por Habemus

Publicado el 29 de Octubre de 2019.

En 2017, cuando Luz solicitó un préstamo a un banco para pagar la matrícula universitaria de su hijo, se llevó una cruel sorpresa: la solicitud le fue negada. ¿La razón? Luz estaba reportada en la central de riesgo DataCrédito. Le debía un dinero a la empresa Avon Colombia S.A.S.

Días más tarde, Luz envió un derecho de petición a Avon Colombia S.A.S., en el que comunicó que nunca tuvo una relación comercial con esa empresa. La respuesta de la empresa fue que: ambas partes fueron víctimas de un acto criminal de un tercero y que debía remitir la denuncia a la Fiscalía General de la Nación”.

Ante las dificultades que suponía el trámite, Luz desistió de la demanda. Poco después, ella pagó a Avon Colombia S.A.S. la suma adeudada para suprimir, con rapidez, el reporte negativo de DataCrédito.

Dos años más tarde, Juan, un vecino de Luz, solicitó una tarjeta de crédito. El banco le negó su solicitud. ¿La razón? Juan también estaba reportado en la central de riesgo Datacrédito por una deuda a Avon Colombia S.A.S.

Al igual que Luz, Juan nunca había tenido relaciones comerciales con esa empresa.

Pero, las situaciones de este género no son desconocidas por la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

En la Resolución 91422 del 17 de diciembre de 2018, se resuelve una queja presentada en contra de Avon Colombia S.A.S. por una víctima que alegaba “una presunta vulneración a su derecho constitucional de habeas data”. En este caso, la SIC exhortó a los representantes legales de la empresa a “evitar eventuales suplantaciones de identidad que se originen con el tratamiento de datos personales”.

Pero, los casos citados no son los únicos. En junio de 2012, en su artículo “La tortura de ser una víctima de suplantación” —publicado en El Tiempo—, la redactora Carol Malaver reporta varios casos de personas que perdieron sus documentos de identidad, los cuales fueron usados por la delincuencia en compras a crédito de bienes y servicios. Malaver reseña que a esas personas afectadas, luego de trámites engorrosos, de nada les sirvió instaurar la denuncia ante la Fiscalía. La redactora resalta que, entre enero y mayo de 2012, se registraron en la Fiscalía 6.476 casos de suplantación.

En 2018, en un comunicado de prensa, la SIC informó que las quejas por suplantación de identidad se incrementaron en un 122%. Además, señaló que los sectores con el mayor número de estos casos son las empresas de telecomunicaciones y las de ventas por catálogo.

Este fenómeno se acentúa en tales empresas a raíz de sus irregulares mecanismos de verificación que, evidentemente, propician la suplantación de identidad.

Hoy, en plataformas de e-commerce como Mercado Libre, si el aplicativo web detecta inconsistencias en los datos, él habilita una tecnología de reconocimiento facial para verificar la información.

Así, la avalancha de quejas por suplantación de identidad nos suscita un par de preguntas. La primera: ¿Por qué las empresas de telecomunicaciones y las de ventas por catálogo se rehúsan a integrar mecanismos de identificación biométrica o de reconocimiento facial? La segunda: ¿Por sus falencias en el tratamiento de datos personales, las empresas comerciales son cómplices de la violación del derecho constitucional al buen nombre?