Cargando
Opinion

¿Las políticas públicas favorecen la lucha contra el cambio climático?

Por Juan Sebastián Giraldo Gutiérrez

Publicada el 2 de septiembre de 2019.

La lucha contra el cambio climático es, quizá, el mayor desafío para la sociedad contemporánea. La culpable principal de este fenómeno es la actividad humana que, desde los tiempos de la Revolución Industrial, sigue contribuyendo cada vez más para que las causas del calentamiento global empeoren: el aumento de gases de efecto invernadero, el incremento de la deforestación, la destrucción de los ecosistemas marinos y el aumento de la población que cada vez más genera una mayor demanda de recursos.

En lo que se refiere al calentamiento global, es clave advertir que es la principal causa del cambio climático —una precisión importante, ya que en ocasiones se confunden ambos conceptos—. Para explicar el fenómeno, en pocas palabras: la atmósfera está compuesta por varios gases, que en su apropiada proporción cumplen un propósito. Sin embargo, el problema se presenta cuando la actividad del ser humano incrementa la emisión de gases de efecto invernadero y la atmósfera retiene más calor, ocasionando que la temperatura de la Tierra aumente.

Ante este fenómeno, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) —creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial— emitió en octubre de 2018 el informe “Calentamiento global de 1,5ºC”. Allí, advirtió que la marca del calentamiento global debe establecerse al menos en 1,5ºC y aseguró que, en caso de que ascienda a 2ºC o más, las consecuencias serían catastróficas.

En las recomendaciones de este informe, el IPCC indicó que los gobiernos deben realizar transiciones rápidas en la generación energética, la producción industrial, la construcción y el transporte, para lograr que las emisiones a nivel mundial disminuyan en un 45% para el año 2030 y sigan menguando hasta llegar a “cero neto” aproximadamente en 2050 con respecto al año 2010.

Indudablemente, la lucha contra el cambio climático no tiene fronteras y concierne a todos los Estados, quienes deben unir esfuerzos con el fin de evitar que el calentamiento global llegue a una marca igual o superior a los 2ºC. Para lograr este cometido, es necesario que los países cumplan con lo estipulado en el Acuerdo de París, cuyo objetivo principal consiste en reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático limitando el aumento de la temperatura mundial, en este siglo, por debajo de los 2ºC.

Sin embargo, es necesaria la voluntad de todos los gobiernos y la existencia de políticas públicas que se orienten a contrarrestar las principales causas del cambio climático.

Las políticas públicas juegan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. A través de ellas, los jefes de Estado tienen la facultad de que los países se puedan acoplar mediante transiciones en sectores estratégicos conforme a lo convenido en el Acuerdo de París. Si un líder de Estado no procede de esa manera, generará un perjuicio irremediable no solo para su extensión territorial, sino también para el planeta.

Traeré a colación dos casos —tristemente célebres— en materia medioambiental, ambos provocados por políticas negligentes: los desastres ambientales en Estados Unidos y Brasil.

En el primer caso, en EE.UU., es fundamental resaltar que durante el mandato de Barack Obama se realizaron acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de restricciones en las emisiones de metano impuestas a la industria del petróleo y el gas. Sin embargo, su sucesor, Donald Trump, dio un retroceso al levantar las regulaciones impuestas al sector petrolero, una política que, según los expertos, ha sido la responsable del incremento exponencial en las emisiones de metano.

En el segundo caso, en Brasil, tras los voraces incendios en la selva amazónica brasileña, quedó al descubierto una catástrofe ambiental que, según organizaciones ambientalistas, obedece en parte a una serie de políticas públicas impulsadas por Jair Bolsonaro —que van en detrimento de la conservación de la Amazonia—, como lo son la fusión y el cierre de importantes dependencias para la conservación del medio ambiente en la nación suramericana.

Ambos casos dejan al descubierto un par de cuestiones problemáticas en torno al Acuerdo de París. En primer lugar, que los compromisos sobre el cambio climático no son de carácter vinculante. Y, en segundo lugar, la falta de herramientas jurídicas para hacer exigibles las metas a las naciones adscritas al Acuerdo de París.

Finalmente, tras lo expuesto, es de gran importancia reflexionar sobre la siguiente inquietud: ¿Los instrumentos jurídicos del Acuerdo de París son efectivos y suficientes para que los países, que se encuentran adscritos al mismo, cumplan su contenido?