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Opinion

Los Parques Nacionales Naturales, ¿quién podrá ayudarlos?

Por Habemus

Publicado el 06 de Marzo de 2020.

En los últimos meses, una sucesión de hechos se han conjugado para urdir una trama trágica, en la que la escalada de los grupos armados ilegales y la casi nula presencia estatal han dado paso a una ola de muerte y de amenazas, que hace poco tocó la puerta de una organización gubernamental: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

En los primeros días de febrero, sobre un puente al que llaman “El Infiernito”, en la vereda La Cueva en Güican (Boyacá), Yamid Alfonso Silva Torres avistó una motocicleta. En ella iban un hombre y una mujer. Probablemente, Yamid se aproximó para preguntar si estaban perdidos, pero, en lugar de ello, lo que encontró fue la muerte.

Aunque las causas del asesinato de Yamid —un guardabosques, funcionario de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), que laboraba en la Sierra Nevada del Cocuy— aún no son claras, se presume que el culpable del crimen fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN). A propósito de su muerte, en el especial “El doloroso llanto del Nevado” —publicado en Semana el 6 de febrero—, los periodistas José Guarnizo y Cristina Castro advirtieron: “En los últimos tiempos este grupo [ELN] ha intentado con más fuerza dejarle claro a las comunidades campesinas e indígenas que ellos mandan en los territorios”.

Pero, por desgracia, para PNNC la trágica historia no terminó con el asesinato de Yamid. Semanas más tarde, en una entrevista con W Radio, Carlos Castaño Uribe —exdirector de PNNC— reportó una grave amenaza: desde inicios de febrero, las disidencias de las FARC les dieron 48 horas a los funcionarios de PNNC para que salieran de las áreas protegidas de la Amazonia, como lo son Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y La Paya.

Pero, además de los asesinatos y las amenazas, en la entrevista Castaño también señaló las desbordadas tasas de deforestación y de minería ilegal por cuenta de un conjunto de instrucciones perentorias de las disidencias de las FARC-EP.

Ante la situación, Castaño llamó al gobierno de Iván Duque Márquez a “recuperar la institucionalidad y el equilibrio de este país”.


También, lea el artículo: «La otra Colombia, las escalofriantes historias que citó el informe de Human Rights Watch».


Pero, en los últimos meses, las amenazas contra los funcionarios de PNNC no son las únicas noticias alarmantes que llegan desde las zonas rurales de la nación. Ya, en enero de 2020, Human Rights Watch (HRW) dejó al desnudo cómo en Arauca la casi nula presencia estatal ha dado paso a una estela de crímenes de guerra, que van desde el reclutamiento infantil forzado hasta el secuestro y los asesinatos, en especial, de líderes sociales y de activistas ambientales.

Además, HRW señaló que en las áreas rurales hay escasa presencia policial, y que el Ejército Nacional de Colombia se concentra en salvaguardar la infraestructura petrolera en lugar de la población civil.

Así, en los últimos meses, una sucesión de hechos se han conjugado para urdir una trama trágica, en la que la escalada de los grupos armados ilegales y la casi nula presencia estatal han dado paso a una ola de muerte y de amenazas, que hace poco tocó la puerta de una organización gubernamental: PNNC.

Desde 2019, el Ministerio de Defensa puso en marcha la Operación Artemisa, una campaña militar para detener “la hemorragia de la deforestación”, en palabras del presidente Duque Márquez. Pero, meses más tarde, en un artículo publicado el 19 de octubre en El Espectador“Operativo militar contra la deforestación en la Amazonia levanta ampolla”—, la Redacción Medio Ambiente detalló las denuncias por el procedimiento militar, el desconocimiento del debido proceso, la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas y la quema de viviendas.

Ya, en el informe de HRW, para el infausto caso de Arauca, la organización no gubernamental sugirió al gobierno de Iván Duque Márquez la creación de una estrategia de las fuerzas de seguridad que respete los derechos humanos y que esté orientada a proteger a la población civil de la acción de los grupos armados. Quizá, hoy, la recomendación de HRW también sea pertinente para la gravísima situación que aqueja a los funcionarios de PNNC.

El 19 de octubre en El Espectador , la Redacción Medio Ambiente detalló las denuncias por el procedimiento militar, el desconocimiento del debido proceso, la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas y la quema de viviendas.

En lo que va de 2020, no solo las comunidades campesinas que habitan las periferias de los Parques Nacionales Naturales de Colombia han sido damnificadas por los incendios forestales y han sufrido la escalada de la violencia y las amenazas por parte de grupos armados ilegales, ahora también son víctimas los guardabosques de PNNC: defensores del patrimonio biológico de la nación.

Lo anterior, nos conduce a preguntar: ¿El modus operandi de la Operación Artemisa es idóneo y suficiente para frenar la deforestación y para proteger a los civiles de las acciones de los grupos armados ilegales?