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Negocios

El lado oscuro del consumo colaborativo

Por Viviana Riátiva Alarcón

Publicado el 13 de Noviembre de 2019.

Hoy, en sus estudios de mercado, las empresas digitales que basan su ejercicio comercial en el consumo colaborativo plantean a sus usuarios un sinnúmero de preguntas capciosas. Algunas de ellas son: ¿Estaría dispuesto a compartir su carro con un sujeto desconocido a cambio de ayudarse con los gastos del viaje? O, ¿compartiría su casa con un viajero desconocido, con el objetivo de obtener ingresos adicionales?

En su artículo “Consumo colaborativo: Las razones de un debate” —publicado en 2017 en la Revista Española de Sociología (RES)—,el académico Luis Enrique Alonso precisó que con el consumo colaborativo se busca “la creación de vías de acceso al disfrute de bienes y servicios”, pero con opciones diferentes a “la adquisición privativa de ellos a través de los canales comerciales tradicionales”.

Hoy, las empresas digitales, que ondean la bandera del consumo colaborativo y se promocionan con eslóganes referentes al mutualismo, tienen defensores y detractores.

Entre los argumentos de los defensores del consumo colaborativo están: optimizar el uso de los recursos, proteger el medio ambiente y, en especial, posibilitar la prestación de servicios reduciendo costos.

Sin duda, la Revolución 4.0 —propiciada por la industria TIC— introdujo un cambio en las reglas que regían la interacción entre la oferta y la demanda, un hecho que fortaleció el consumo colaborativo. Tanto así, que, en su artículo Today’s Smart Choice: Don’t Own. Share —publicado en marzo de 2011 en la revista Times—, Bryan Walsh lo catalogó como una de las 10 ideas que cambiarán el mundo.

Años atrás, titanes digitales como Uber y Airbnb cimentaron su modelo de negocio bajo la bandera del consumo colaborativo. Sin embargo, hoy, este tipo de negocios obtienen sus ingresos de procedimientos comerciales con una alta rentabilidad, que distan de los preceptos no lucrativos que pregona el consumo colaborativo.

De otro lado, una mayúscula fracción de compañías digitales se abrieron paso gracias a vacíos legales, ya que, inicialmente, no se avizoraba el impacto que las tecnologías digitales implicarían en los mercados tradicionales. Hoy, a un sinnúmero de empresas tradicionales, la irrupción del modelo de consumo colaborativo les ha generado inconformidad y resistencia.

Quizá, entre los casos más famosos están la disputa entre el sector hotelero y Airbnb, y las rencillas entre los vehículos de transporte público urbano y Uber. Pero, ¿cuáles son las razones que motivan estos conflictos? Para los perjudicados, amparados en la tradición y la legalidad, la nueva competencia es considerada, en muchos casos, como clandestina, desleal e ilícita.

Para los perjudicados, amparados en la tradición y la legalidad, la nueva competencia es considerada, en muchos casos, como clandestina, desleal e ilícita.

Además, con las nuevas modalidades de prestación de servicios “bajo la marca de consumo colaborativo”, no solo ha surgido el problema de competencia comercial. También, como lo indicó Alonso —en su artículo antes citado—, se presenta “poca claridad en lo que se refiere a las seguridades jurídicas asociadas a las actividades (incluida la seguridad vital de los implicados) y la muy presente posibilidad de inducir precariedad, fraude o economía sumergida en este proceso, dado el escaso o inexistente control institucional de los procesos autodeclarados como colaborativos, pero que pueden encubrir prácticas muy diversas y por ello también peligrosas”.

Lo anterior, conduce a preguntar: ¿En qué va la regulación legal en lo referente al consumo colaborativo?

La muy presente posibilidad de inducir precariedad, fraude o economía sumergida en este proceso, dado el escaso o inexistente control institucional de los procesos autodeclarados como colaborativos, pero que pueden encubrir prácticas muy diversas y por ello también peligrosas”

Luis Enrique Alonso, extraído del artículo científico «Consumo colaborativo: Las razones de un debate».

Necesidad de una regulación pronta y oportuna

Colombia no es el único país que enfrenta retos al momento de lidiar con los espinosos conflictos legales y tributarios derivados del consumo colaborativo.

Hoy, algunos de los temas que están en la agenda del Ministerio de Industria y Comercio y del Congreso de la República de Colombia, también están siendo debatidos en España, donde las plataformas digitales que se presentan como promotoras del consumo colaborativo son, desde hace algunos años, objeto de estudio y regulación legal.

En el país ibérico se ha dado un trato diferencial a plataformas como BlaBlaCar, que en su sitio web se autodefine como una red social que “pone en contacto a personas que quieren realizar un trayecto común y coinciden para hacerlo el mismo día”, y donde “los usuarios comparten los gastos del viaje sin obtener beneficio”.

Por su parte, Couchsurfing es una plataforma estadounidense que permite a cualquier persona registrada alojarse —en todos los países del mundo— en viviendas de otros usuarios de modo gratuito, fomentando el intercambio de experiencias y posibilitando una forma de viajar diferente y económica.

Ambas plataformas adoptan un principio básico del consumo colaborativo: el bajo costo del servicio o la gratuidad del mismo. Contrario a lo que sucede con plataformas como Uber o Airbnb cuyos colaboradores —prestadores del servicio— buscan en principio una retribución económica como contraprestación.

Entonces, ¿cómo avanza España en materia legislativa para regular las empresas digitales que basan sus ejercicios comerciales en los preceptos del consumo colaborativo?

Veamos algunas de las regulaciones que se implementarán en España en 2020. Según reseña el diario La República de Colombia —en su artículo “Uber y Cabify, obligadas en España a notificar todos sus viajes en un registro público”, publicado el 12 de noviembre de 2019—, en el caso de Uber se exigirá un registro online a sus conductores de vehículos de alquiler, que dan servicio a las plataformas, a fin de verificar que son contratados previamente y no recogen a pasajeros en la vía pública o en grandes estaciones.

Además, en España, se verificará si los transportadores de Uber cumplen con el porcentaje de viajes que pueden realizar fuera de la comunidad autónoma en la que han obtenido su licencia. Y en el caso de Airbnb, en Cataluña se expidió un Decreto que regula el alquiler de establecimientos y viviendas de uso turístico.

En Colombia, de acuerdo a la nota de prensa: “Gobierno facilita la formalización de alojamientos turísticos que se ofrecen mediante plataformas digitales” —divulgada noviembre de 2018 por la Presidencia de la República—, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 2119 de 2018, a través del cual “se definieron las tres modalidades que existen en el país y que deben legalizarse mediante la inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RNT)”. Lo anterior implica un conjunto de barreras legales para la propiedad horizontal y ciertas responsabilidades para las personan que incursionan en este tipo de servicio “colaborativo”.

En la nota de prensa citada, se resaltó una opinión de José Manuel Restrepo —ministro de Comercio, Industria y Turismo—: “La hotelería convencional es muy importante para el desarrollo del turismo en Colombia, pero existen otros modelos de negocio que también deben formalizarse con el fin de garantizar al turista calidad y seguridad”.

Por otra parte, Uber hace parte de un sector que aún no ha sido reglamentado. Lo que implica que los conductores —prestadores del servicio— ejerzan la actividad en la ilegalidad y clandestinidad, y se vean expuestos a la suspensión de la licencia de conducción por “prestar un servicio público de transporte con vehículos particulares”. Además, con el agravante de que la licencia les sea suspendida hasta por 25 años en caso de reincidencia, una pena grave y similar a la establecida por conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Esta situación, actualmente es discutida en la Corte Constitucional de Colombia, entidad judicial encargada de establecer la proporcionalidad de la sanción impuesta a un conductor que preste el servicio a través de la plataforma Uber.

La ausencia de regulación legal de este tipo de plataformas de transporte desconoce una realidad latente, ya que Uber cuenta en Colombia con 88.000 socios conductores que subsisten gracias a esta labor, y cientos de usuarios que diariamente utilizan el servicio y respaldan su eficiencia.

El consumo colaborativo es un cambio disruptivo y, por ende, supone matices y desafíos que deben ser tenidos en cuenta por las plataformas digitales, los entes gubernamentales y los poderes legislativos. Para ello, es necesario anticipar las consecuencias económicas y sociales de perpetuar este “limbo de la irregularidad”.